Page 171 - Brindando sobre los escombros - La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento - Edición del autor, (c) 2012 - 2024 Horacio Lutzky
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haber evitado participar. Si bien la DAIA no manifestaba públicamente

        los motivos de su disgusto con Kirchner, fuentes cercanas a la dirigencia

        reconocían de soslayo que el enojo tenía que ver con la detención de

        Beraja en la causa del Banco Mayo, con la destitución del comisario

        Palacios, con la habilitación a los agentes de la SIDE para que declararan
        en el juicio oral y revelaran cómo fue el pago a Telleldín, así como también

        con la asunción oficial por parte del Estado de responsabilidad en la falta

        de prevención y de investigación del atentado a la AMIA, entre otras
        novedades impensadas durante el menemismo. Ante la repercusión

        pública de la polémica planteada por la DAIA, se produjo un agrio

        disenso en las entidades judías, por cuanto la AMIA en ese momento

        estaba conducida por un dirigente de la vieja guardia laborista, Abraham

        Kaúl, que salió a contestar a la DAIA, llegando incluso a mencionar la
        posibilidad de desalojar a esta última del edificio de la mutual.

          Los cruces de la DAIA con el kirchnerismo continuaron.

          Ante el fallo del Tribunal Oral Federal n.° 3 que constató el vergonzoso
        y delictivo armado de la mayoría de las actuaciones de la causa AMIA y

        dispuso investigar a los responsables del engaño, Kirszenbaum lamentó

        que el tribunal que juzgó el caso «compró la teoría de la conspiración»

        para absolver a los acusados de haber colaborado en el ataque a la mutual

        judía.
          Néstor Kirchner reconoció la responsabilidad del Estado argentino

        en el atentado a la AMIA y en su impunidad mediante el decreto 812 del

        12 de julio de 2005, responsabilidad que había sido admitida por los
        representantes del gobierno argentino ante la Comisión Interamericana

        de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en marzo de ese año, con

        motivo de la denuncia que hiciera Memoria Activa junto con el Centro

        de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el

        Derecho Internacional (CEJIL) en 1999. Tal reconocimiento oficial, para
        la DAIA, implica dejar la puerta abierta al discernimiento de su propia

        responsabilidad en el encubrimiento, por lo cual la entidad no ha dejado

        de negar una y otra vez la existencia de complot alguno.
          En junio de 2006, Kirszenbaum, en nombre de la DAIA, ante un

        requerimiento judicial a Beraja, expresó «preocupación» porque «la






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