Page 245 - Brindando sobre los escombros - La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento - Edición del autor, (c) 2012 - 2024 Horacio Lutzky
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se le reclamaba dejar de escuchar exclusivamente al «empleado» de la

        AMIA rabino Shlomo Ben Hamú y dejar de lado «la discriminación abierta

        y llana que practica la AMIA» al requerir a los asociados exigencias que

        el propio estatuto no contempla, a la hora de tener que cumplir con lo

        que sí ordena explícitamente: proveerle sepultura en los cementerios de
        la mutual a todos sus socios. En su misiva advirtieron que de no hallar

        una solución conjunta apelarían formalmente a la Justicia argentina.

        Curiosamente, encabezaba las firmas el rabino Sergio Bergman, quien
        apenas cuatro meses después le daría mucho más poder a Ben Hamú y a

        todo el bloque ortodoxo.

          La carta recordaba que en AMIA sólo votan y son representados

        los socios de la Mutual y no todos los judíos de la Argentina, pero la

        proyección de estos temas cuando son públicos afectan los intereses
        de todos, sean o no socios, e incluso de todos los argentinos cuando se

        trata de violar las garantías y derechos constitucionales. «Recuerden

        los encendidos discursos acerca de la tolerancia y la pluralidad que
        clamamos en las tribunas de las calles de Buenos Aires y que no

        sostenemos ni cumplimos dentro de los pasillos de la calle Pasteur»,

        seguía el texto, que luego preguntaba si «cuando vivimos el terrorismo

        de Estado y se luchó públicamente por los derechos humanos, fueron

        rabinos ortodoxos o el Rabinato de Israel los que levantaron su voz y
        salieron a las calles y a las cárceles para defender la dignidad tan humana

        como judía».

          Para que no queden dudas de su decisión de acudir a la Justicia de
        ser necesario, los firmantes señalaron que «cuando no hay grandeza de

        espíritu para convivir, es el tiempo de hacer valer la ley» y acompañaron

        un dictamen sobre la cuestión solicitado al abogado constitucionalista

        Daniel Sabsay. El especialista realizó un profundo y detallado análisis de

        normas constitucionales, doctrina y convenios internacionales, así como
        de los propios estatutos de la AMIA, y consideró que la institución no es

        en sí de carácter religioso y que existe un «ejercicio abusivo de potestades,

        en contra de lo determinado en el instrumento constitutivo de la
        institución, sus estatutos». Y que, concretamente, se trata de un caso









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